Los españoles o no hemos sabido o no hemos querido afrontar los problemas de la enseñanza con la decisión y profundidad que requieren. Hemos atendido más a la cantidad que a la calidad, a facilitar las cosas a los alumnos que a formarles realmente, a satisfacer las necesidades de los padres que a recordarles sus deberes. Hemos consentido un igualitarismo chabacano y trasnochado cayendo en el mínimo esfuerzo y en la mediocridad, en vez de premiar la excelencia y el mérito. Con estas premisas, hemos llevado a nuestro sistema educativo al furgón de cola de Europa, con más de un 30 por 100 de fracaso y abandono escolar prematuro y un profesorado cada vez más desencantado y poco reconocido.
Hacía falta una conversión del sistema educativo, pero reconociendo los errores cometidos y los problemas existentes, algunos tan graves como la calidad de la enseñanza, el fracaso escolar, la violencia en las aulas o la heterogeneidad de los modelos autonómicos. Eran urgentes y necesarios acuerdos políticos, sociales y autonómicos.
De ahí que nadie discutiera el esfuerzo y las buenas intenciones del ministro de educación promoviendo un PACTO EDUCATIVO, que el Gobierno había fijado ya como uno de sus objetivos prioritarios para 2010: la ESTRELLA DE LA LEGISLATURA.
El ministro Gabilondo, en abril de 2010, consideraba que “el pacto es el camino más corto, más consistente socialmente, el más sostenible y con mayor perdurabilidad en el tiempo porque dará estabilidad normativa y financiera a aquello que se decida”. Pero el pacto que promovió Gabilondo fue una modalidad en la que el Gobierno establecía el “texto de consenso” y las otras partes se limitarían poco menos que a aceptarlo.
Anteriormente, el 27 de enero de 2010, el ministro llevó a la Conferencia Sectorial de Educación, más de un centenar de medidas para mejorar la enseñanza. Entre ellas figuraban: la reestructuración de la enseñanza secundaria, especialmente en lo referente a la duración del Bachillerato y la Formación Profesional, las pruebas de evaluación y diagnóstico y la regulación de los conciertos.
Por su parte, el Partido Popular elaboró por esas fechas un documento en el que consideraba como principios irrenunciables, por ejemplo: la vertebración del sistema educativo, un programa común para todos, el establecimiento de cuerpos docentes de carácter nacional, la defensa de la lengua como elemento esencial, las libertades educativas, la calidad de la enseñanza, la recuperación de la Filosofía en el Bachillerato y la supresión de EpC en Primaria modificando sus contenidos en Secundaria.
S.M. el Rey en su mensaje navideño de 2009, fue muy explícito: “Urge, asimismo, como vengo insistiendo desde hace tiempo, sellar hoy, mejor que mañana, un gran acuerdo en materia de educación”. Y en la inauguración del presente curso escolar, en Reinosa (Cantabria) llamó a realizar una tarea “de todos y para todos”, apelando a los “espacios comunes que todos compartimos” como base para alcanzar “soluciones consensuadas estables y duraderas”
El 23 de abril, el ministro presentó un texto de 64 páginas, desestructurado, ambiguo y lleno de verborrea. ¿Cómo se entienden si no estos párrafos?:
“Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas y etapas educativas en el marco de esta programación y será en el ámbito de este diálogo con los sectores afectados en el que las Administraciones deberán considerar las distintas condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una zona y demanda de puestos escolares y de enseñanza”.
Sr. Ministro, con ese texto, usted no garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias, sino que la supedita a la programación de las Administraciones públicas.
“Los poderes públicos deben poner los medios necesarios que, al final de la ESO, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma”.
¿Dónde queda la garantía del castellano como lengua vehicular en toda España. “El Gobierno se compromete a crear una comisión para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de la enseñanza privada concertada de tal manera que sus sueldos se irán equiparando progresivamente con los de la enseñanza pública”.
Fórmula vaga y ambigua, Sr. Ministro. Lo que hace falta es fijar de una vez un calendario para asegurar a todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y privados concertados) los mismos salarios y las mismas condiciones laborales.
La rotura del pacto, dio lugar a que el ministro, en reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el 27 de junio de 2010, presentara un documento con 14 propuestas, divididas en cinco bloques que serán cofinanciadas al 50 por 100 por la Administración central y las Administraciones autonómicas.
Programas de mejora del rendimiento escolar del alumnado:
- Escolarización temprana, con el impulso del plan Educa 3.
- Consideración de las competencias básicas como elemento central del currículo.
- Fomento de la lectura en la era digital.
- La extensión de los programas PROA.
- Profundización de conocimientos para los alumnos con mayor interés.
- Puesta en marcha de los contratos-programa de la Administración con los centros educativos.
Programas de modernización del sistema educativo:
- Programa Escuela 2.0.
- Plan de impulso del aprendizaje de idiomas.
Plan estratégico de la Formación Profesional:
- Reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.
- La creación de una nueva oferta de FP mediante una plataforma a distancia para estos estudios.
- La creación de un Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional.
La información y la evaluación como factores para mejorar la calidad de la educación
- Puesta en marcha de una Red española de información sobre educación.
- Evaluaciones de diagnóstico.
El profesorado:
- La formación permanente.
Según Gabilondo, “se puede comer a la carta pero dentro de las propuestas que se hacen”.
Tras 50 años de docencia y de sindicalista vinculado estrechamente a la educación, he llegado a tres tristes conclusiones: en primer lugar, que la educación sigue sin figurar entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. En segundo lugar, que los socialistas se han intentado apropiar siempre de la educación para hacer de la enseñanza un banco de pruebas a través de una ideología excluyente y, en tercer lugar, que no han querido escuchar, ni antes ni ahora, la opinión generalizada del derecho a elegir centro, la garantía del castellano como lengua vehicular y un programa mínimo de enseñanzas comunes.
Tengo muy claro que la escuela debe servir para mejorar a los alumnos y alumnas para que actúen con libertad a partir de garantías de igualdad y así formar a personas conscientes y responsables. Por eso y, porque la buena educación merece la pena y es absolutamente necesaria para salir de la crisis económica que padecemos, la puerta debe seguir abierta al pacto, si realmente existe verdadera voluntad política y sentido de Estado.
Y concluyo, dando mi opinión sobre aquellas cuestiones que necesitan de soluciones urgentes
1.- Preservar los principios constitucionales en la ordenación del sistema educativo, con el fin de que los derechos constitucionales se garanticen por igual en todas las Comunidades Autónomas.
2.- Libertad de elección de centro educativo, asegurando la pluralidad de centros y de tipos de educación, asegurando su financiación sin exclusiones ni perjuicios.
3.- Asentamiento y equilibrio de la doble red de centros, mediante una oferta plural y adecuada a la demanda e igualdad de derechos.
4.- Lograr para todo el alumnado la igualdad efectiva de oportunidades en escolarización y formación, independientemente de sus orígenes y condiciones sociales.
5.- Debe lograrse una financiación basada en el coste real del puesto escolar, garantizando por ley los conciertos donde haya demanda suficiente de las familias.
6.- Concertación del Bachillerato para garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado y no sólo a los que eligen la escuela pública.
7.- Dotar a todos los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos humanos y económicos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos con necesidades educativas especiales.
8.- Dignificar social y profesionalmente a todos los docentes del sistema educativo.
9.- Adecuar la partida de otros gastos a las necesidades reales de ,los centros, especificando en el módulo el salario correspondiente al Personal de Administración y Servicios.
10.- Plena autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros educativos para que puedan desarrollar eficazmente sus proyectos educativos.
11.- Programa mínimo de enseñanzas comunes para garantizar la igualdad de oportunidades en el estudio de la Geografía, la Historia y la Literatura.
12.- Garantía del castellano como lengua vehicular en toda España.
13.- Potenciar la acción tutorial como elemento imprescindible para el logro de una educación integral de calidad.
14.- Recuperar y fortalecer el valor del esfuerzo, del estudio y la autoestima como condición imprescindible del éxito escolar.
15.- Potenciar la Formación Profesional mediante módulos flexibles en igualdad de condiciones para todos los centros sostenidos con fondos públicos.
16.- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje en igualdad de condiciones de dotación económica.
17.- Reconocimiento de la función directiva mediante una financiación con criterios análogos a los de la enseñanza pública.
18.- Regulación de la enseñanza de la Religión en la escuela para que se adecúe a lo previsto en el Acuerdo sobre Educación y Asuntos Sociales entre la Santa Sede y el Estado español.
Francisco Vírseda García
