Las pensiones y la sanidad son dos bombas de relojería colocadas en el corazón de la economía y en las cuentas públicas nacionales. De ahí, que sean dos los debates que han venido centrando la atención política desde hace meses:
la reforma de las pensiones y la situación económica que deben llevar inexorablemente a acuerdos. Los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra economía son: la creación de empleo y la sostenibilidad del sistema. Ambos tienen puntos en común, aunque responden a causas distintas y, por tanto, requieren medidas diferenciadas y en plazos distintos. En mi opinión,
los principales ejes de actuación deberían ser:
la promoción de un contrato único con carácter indefinido, un coste de rescisión inicial más moderado pero creciente en función de la antigüedad la flexibilización de la negociación colectiva y prestaciones por desempleo que incentiven la búsqueda activa de trabajo.Estamos siendo un país problema con serias dificultades para controlar nuestras cuentas públicas, mientras los mercados nos están pasando factura por haber sido negligentes en acometer a tiempo las reformas necesarias negando sistemáticamente y durante mucho tiempo que la economía española había entrado en crisis. Zapatero prefirió persuadirnos de que unos banqueros irresponsables de la América de Bush eran los causantes del problema. Ni había brotes verdes, ni la economía estaba mejorando. Y ahora, solo habla de crisis y más crisis…cinco años más, dice, de crisis.
Con gran acierto,
Juan Antonio Sagardoy, Catedrático de Derecho del Trabajo, manifestaba hace meses: “
En el barco del empleo, la economía es el agua y la normativa laboral las velas. Si no hay agua – es decir, si no hay actividad económica sostenible – el barco queda varado. No se mueve. Y si hay movimiento en la actividad empresarial pero las normas laborales son rígidas y poco adecuadas o ajustadas a las diversas vicisitudes de la empresa, entonces las velas tienen tal lastre que la navegación se hace muy dificultosa. Por ello, hay que avanzar en la mejora de ambos campos; el económico y el social”.
El marco institucional sobre el que se asienta la jubilación en España es insostenible, porque la caída de la natalidad unida al aumento de la esperanza de vida implica que un número cada vez más reducido de trabajadores tendrá que soportar una mayor carga fiscal para financiar las pensiones de sus mayores y no recibirán los mismos beneficios que estos.
Sin una reforma profunda, no limitada sólo a retrasar la edad de jubilación,
el modelo de cobertura del retiro podría entrar en quiebra en dos décadas. Sin cambios sustanciales en el sistema de reparto, cualquier proceso de consolidación presupuestaria está condenado al fracaso.
El Congreso de los Diputados, acordó en 1995, “
el compromiso sólido de todos los grupos políticos con representación parlamentaria en el mantenimiento y consolidación del actual sistema de protección social, garantizando su viabilidad futura a través de la adopción de medidas que permitan su adaptación conforme a las nuevas realidades y retos que puedan plantearse”.
El 28 de enero de 2011, el Gobierno deberá hacer una propuesta basada en el Informe elaborado por la Comisión del Pacto de Toledo, que llegó el 15 de diciembre a un principio de acuerdo: la recomendación de ampliar el período de cálculo de las pensiones, actualmente establecido en 15 años. En cambio no hubo acuerdo en retrasar la edad de jubilación.
La OCDE considera que el cálculo de la pensión debería hacerse sobre el total de la vida laboral, por ser ésta la forma más justa de adecuar la pensión con lo realmente cotizado por el trabajador. Pero esta medida reduciría las pagas entre un 15 y un 25 por ciento.
La edad real de jubilación en España está en los 63 años y 8 meses, por efecto de las prejubilaciones.
Retirarse a los 63 años y disfrutar de pensión es una garantía para el jubilado pero un serio problema para el sistema. La alternativa no puede ser que dentro de 20 años nadie cobre pensión; mejor es introducir reformas poco a poco ¿O no? La medida más directa para aumentar los ingresos sería subir las cotizaciones sociales (hoy el 23,8 %) que ya están entre las más altas de Europa, pero esto supondría elevar los costes laborales y perder competitividad, lo que nos conduciría a frenar la economía. Conseguir retrasar la jubilación efectiva pasa por mejorar los incentivos incitando a los trabajadores a trabajar más años y eliminar el impulso a sacar del mercado a los trabajadores de más de 50 años.
Las posiciones sobre la prolongación de la edad de jubilación están siendo numantinas, cuando su retraso va a ser inevitable.
El abandono de la actividad laboral deberá depender de los años trabajados, del trabajo desempeñado, de la cotización efectuada y de las condiciones de empleo en cada momento. Y, todo ello, con prudencia, con inteligencia, con flexibilidad y con firmeza. Por eso, sin demagogia, con realismo y, aunque nos cueste admitirlo, hemos de ser conscientes de que
nuestro sistema subsistirá:
Si se alargan los años para calcular la pensión
Si se retrasa la edad de jubilación (al menos, la real)
Si se exigen más años de cotización para cobrar la pensión.
Y mientras,
los sindicatos “de clase” pero con poca clase, no satisfechos con el fracaso de la huelga general del pasado 8 de junio, vuelven a amenazarnos con otra huelga general. Es vergonzoso que estos sindicatos (y no sólo estos)
maltrechos, burocratizados, fuertemente subvencionados, ignorantes de los jubilados y parados, hayan venido apoyando en los últimos años las decisiones perjudiciales del Gobierno negándose a recortar el déficit público, silenciando el volumen de contratados a dedo en empresas públicas, de gabinetes y asesores que han originado unos gastos desmesurados, hayan alimentado el resentimiento de los pobres y parados, al grito de “
que paguen los ricos”.
Hacen falta sindicatos modernos que impulsen la liberalización del mercado laboral para encontrar trabajo a los desempleados; que articulen la flexibilización de plantillas para abrirse a nuevas contrataciones; que apuesten por una moderación salarial que repercuta en la generación de empleo y que contribuyan a la adecuación salarial a la productividad.
ES URGENTE:
Una reforma profunda de la educación, la sanidad y las pensiones.
Una reforma del mercado de trabajo en profundidad que permita mayor flexibilidad y ayude a incrementar la movilidad funcional de los trabajadores
Ajustar la negociación colectiva a las circunstancias de la coyuntura económica.
Facilitar el ajuste entre la oferta y la demanda.
Estimular la innovación para mejorar la productividad y la competitividad.
Mayor compromiso con el objetivo común de cada empresa.
Reestructurar el sistema financiero, porque sin crédito no hay inversión posible.
Reducir el endeudamiento público, pero sin romper la cohesión social.
Reducir el desequilibrio fiscal que actualmente alcanza el 11,4 % del PIB.
Rebajar impuestos
HAY QUE ACABAR:
• Con el despilfarro de los gastos autonómicos.
• Con el escandaloso privilegio de las prejubilaciones de lujo que se realizan a costa de la Seguridad Social y, no me refiero a las prejubilaciones colectivas de (por ejemplo) la banca o la automoción, sectores en los que la empresa paga el salario y las cotizaciones sociales del trabajador hasta que se jubila, sino a los acuerdos en los que el trabajador es enviado al paro como paso previo a la jubilación. En estos casos, el Estado, además de pagar la prestación por desempleo, cotiza por él esos dos años y el trabajador empieza la pensión antes de los 65 años.
• Con el injusto y sectario modelo de pensiones de los parlamentarios que les permite acceder a una pensión del 80 % con solo siete años de actividad parlamentaria y al 100 % de la misma con 12 años cotizados y 60 años de edad cumplidos. Que no se diviertan con nuestro dinero, que se sometan al mismo régimen de jubilación que el resto de los españoles.
• Con las pensiones vitalicias de los ex presidentes, con tanto cargo público y con tanta subvención para que podamos salir del atasco económico en el que nos encontramos.
• Con las subvenciones incontroladas a los sindicatos.
Y todo ello, sin silencios, sin soberbia y sin falsas comunicaciones
CIFRASEl número de jubilados ascendía en 2009 a 5.097.112
El número de pensionistas de la S. Social en 1/2010 era 8.614.876
El gasto en pensiones se elevaba en 2009 a 52.584 millones de euros.
Pensión máxima en 2010 era de 2.466 euros/mes
Pensión mínima en 2010 era de 557 euros/mes
Pensión no contributiva en 2010 era de 339,70 euros/mes
EL SISTEMA DE PENSIONES ES DEFICITARIO EN ESTAS CC.AA. (
en millones de €)Asturias (1.530,19); Galicia (1.473,30); Castilla y León (1.275,77); País Vasco (747,71); Cantabria (300,47); Extremadura (268,,78); Aragón (51,65).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON MAYOR SUPERÁVIT(
en millones de €)Madrid (5.283,78); Cataluña (2.40,16); Canarias (1.102, 83)
EVOLUCIÓN DEL PARO EN LOS ÚLTIMOS AÑOSAño 2000 (2.0468.800, el 13,42%); Año 2004 (2.227,200 el 10,56%); Año2008 (2.5090.600 el 11,37%); Año 2010 (4.645.500, el 20,09 %). Actualmente el porcentaje es del 19,3 % (3.923.603), descontando los que realizan cursos de formación, el doble que en la UE.
Francisco Vírseda García
